La Ética ilustrada, representada por Kant, abandera el valor de la libertad. Kant distingue entre éticas autónomas basadas en la libertad y éticas heterónomas, basadas en algún otro valor que supuestamente debería dirigir todas nuestras acciones.
Para Kant, la cuestión de la autonomía
moral es la cuestión de la mayoría de edad de la humanidad. El hombre que se ha
hecho mayor de edad debe decidir por sí mismo, autodeterminarse y no dejarse
determinar por ninguna autoridad (el cura, el médico, el político).
Evidentemente, esta manera de pensar
implica automáticamente una plena igualdad de todos. Si cada uno se debe
autoderminar o, al menos debe ser tratado como si lo hiciera, esto quiere decir
que nadie puede “mandar” en nadie. Todos somos adultos responsables iguales
entre sí.
De aquí a la idea de democracia[1]
sólo hay un paso. Este paso consiste en la aceptación plena de la palabra, a la
que hubo mucha resistencia hasta bien entrado el siglo XX, ya que por democracia
se entendía “el gobierno de la plebe o de los pobres o de los ignorantes” y
esto no era visto con buenos ojos por las clases dirigentes hasta hace cuatro
días. Es más, tenemos serias dudas de que aún hoy día sea visto con buenos
ojos, aunque sea lo “políticamente correcto” y nadie se atreva a emitir en
público una opinión contraria.
Ahora
bien para entender correctamente la idea de democracia, lo primero que tenemos
hacer es desterrar de nuestra mente la simplicidad de entenderla como un
sistema político en el que se vota poco o mucho.
La democracia es ante todo un “sistema de garantías” que hacen
efectiva la autodeterminación individual en el grado más elevado posible.
Aceptaremos que, en sentido amplio, una democracia debe suponer las siguientes
reglas de juego:
1. Todo el
mundo tiene derecho a expresar su opinión y a ser escuchado.
2. Las
decisiones políticas deben tomarse de manera colectiva y, en ningún caso, se
pueden tomar contra la voluntad de la sociedad.
3. Las leyes
son para todo el mundo y todos somos iguales ante las leyes.
4. La regla de
la mayoría no puede ser la opresión de la minoría. Tiene que respetarse el
derecho a ser o sentir de manera diferente (di-sentir).
5. El valor
asociado es la tolerancia y la pluralidad política.
Con
esta breve caracterización ya constatamos que, en sentido estricto, hay muy
pocas democracias en el mundo. Yo nunca soy escuchado sobre las cuestiones
importantes que debaten los políticos, sobre las cuales, muchas veces, ni
siquiera soy informado de manera veraz y suficiente. Para la mayoría de
decisiones no me tienen en cuenta, y, de hecho, no todos somos iguales ante la
ley.
Cuando
se confunde una democracia con un sistema en el que las mayorías (usualmente
baja la influencia de un gran aparato publicitario) pueden aniquilar a las
minorías (sea físicamente, sea culturalmente) se está confundiendo la
democracia con el totalitarismo.
Precisamente
como salvaguarda para esta posibilidad siempre implícita en las democracias
contemporáneas y tras la aparición de los terribles totalitarismos de los años
30 del s. XX en Europa, se decidió llevar a cabo una legislación universal que
hiciera imposible el abuso de las minorías o de los individuos por parte del
Estado. Esta es la idea de la Declaración Universal de los Derechos Humanos realizada
en 1948.
Así,
en resumen, podemos decir que esta
declaración es la salvaguarda de la democracia entendida como sistema de
garantías. El hecho de que sea incumplida sistemáticamente por todos los
Estados del mundo nos aproxima a la verdadera realidad de la democracia actual.
Creo
que este es un marco teórico apropiado para una breve reflexión sobre el “dret
a decidir” y el uso de este eslogan por parte de algunos.
Desde
el punto de vista democrático, el derecho a decidir es algo inalienable, que ni
una constitución ni nadie puede negar o permitir. Los derechos universales y
fundamentales, la libertad misma, está por encima de cualquier constitución, ya
que toda constitución sólo puede ser una expresión de esa libertad ciudadana.
Parece que no habría nada más que decir. Sin embargo,…
Bajando
a la arena política, parece muy curioso que aquellos que invocan el “derecho a
decidir” en una cuestión que no crea consenso, sino más bien división de la
ciudadanía catalana, no mencionan ese derecho en relación con las agresiones
más brutales de que hay constancia contra la clase trabajadora y los derechos
sociales. Da la impresión que un referendum sobre esta cuestión (¿está usted a
favor de los recortes en educación y sanidad?) sí que gozaría del consenso en
la población.
Cuando
no hay un consenso tan claro las cosas no son tan simples. Lo primero que
sorprende cuando uno oye las declaraciones de los partidarios del “dret a
decidir” es que no todos se ponen de acuerdo sobre el significado. Los menos
son prudentes y dicen que habría que escuchar a las urnas, pero los más se
apresuran a considerarlo solamente un paso previo de la declaración de
independencia y por ello, antes de consultar al pueblo, ya están creando
“estructuras de Estado” que serían un dispendio injustificable si no se diera
por descontado el resultado de la votación.
Llegados
a este extremo y desde la pura formalidad de la democracia hay varias preguntas
que nadie responde: 1) Si para cambiar los estatutos de una comunidad de
vecinos se necesitan 2/3 de los votos, para cambiar el estatuto político de una
región europea ¿qué mayoría es necesaria? ¿bastaría con un 50,01%? ¿sería
reversible la decisión si la mayoría cambiase? Y 2) Si por algún improbable
azar se celebrase la consulta y perdiese el independentismo ¿qué pasaría? ¿se
zanjaría el asunto o habría que volver a votar anualmente hasta que cambiase la
mayoría?
Obviamente,
no veremos la respuesta a estas cuestiones, aunque ya está dada. Sin embargo,
el introducir en el debate político y social la cuestión identitaria (puesto
que en el fondo se trata del sentimiento de identidad de cada cual) no sólo ha
permitido continuar impunemente con los recortes de derechos, de democracia y
de ciudadanía, sino que se hace sin pagar un precio político e incluso expulsando
ese posible debate de la esfera pública y de los medios de comunicación más o
menos dóciles.
Es
más interesante observar como al introducir este elemento en la lucha
partidista salen ganando tanto la derecha española como la catalana, ya que ante
el planteamiento identitario da la impresión de que sólo cabe definirse “contra
algo”. De golpe, por arte de birlibirloque los malos de la película ya no son
los especuladores y la oligarquía económica, sino el “nacionalismo espanyol” o el “nacionalismo catalán”.
Que
una de las tácticas de los poderosos (que no son demócratas) sea la de utilizar
los medios de control del pensamiento para dividir a los oprimidos y poderlos
exprimir un poquito más no es nada nuevo.
Sin
embargo, la verdad se pone de manifiesto de manera inmediata en cuanto que la
burguesía utiliza el único argumento para ella realmente convincente: el
económico. Cataluña debería ser independiente porque “Madrid nos roba”. Para
desentrañar la veracidad de este argumento sería importante hacer una lista de
todos los que nos roban: los de aquí y los de fuera. Y saber por qué, a
diferencia de otros lugares, aquí no van a la cárcel, ni se habla de ellos[2].
O por qué el salario del President es
el doble que el del Presidente[3].
O si realmente necesitamos la “oficina del expresident”. Por cierto, si el
argumento económico fuera el esencial, tampoco habría motivo para que Lleida o
Girona tuviesen que mantener la miseria y el paro del cinturón rojo de
Barcelona.
Aclarados
los conceptos previos y sin negar la oportunidad de un debate identitario sólo
cabe delimitar la pregunta del referendum ¿de quién se siente usted más
cercano: de un trabajador español o de la burguesía catalana? Esta es la
pregunta que honestamente cada uno de nosotros debe responder. A lo mejor
descubrimos que nuestra ideología política no es la que pregonamos
públicamente.
