LA LIBERTAD POLÍTICA Y SU PRECIO

Hablar de libertad e intentarlo hacer con un mínimo de rigor supone entrar en un terreno muy resbaladizo y lleno de trampas. Todos podemos ser presa de ellas. Por ello ha sido un tema de reflexión constante en la filosofía política. Esto quiere decir que hay muchos, antes que nosotros, que hicieron grandes esfuerzos intelectuales para despejar este terreno. En nuestra mano está escucharlos para impedir la banalización actual de esta idea, víctima del discurso político profesional y sus urgencias.

La libertad política, a diferencia de la moral, no consiste en tomar decisiones en una situación dada, sino más bien en dotar de una cierta “elasticidad” a la realidad humana, de manera que aumenten al máximo las posibilidades para que cada cual pueda hacer todo lo que quiera –en la medida de lo posible- sin tener que pagar un precio por ello.

Esta definición, aparentemente banal, incluye sin embargo su propio límite: el “cada cual”. Si ese “cada cual” somos cada uno de nosotros, está claro que no será libre políticamente una sociedad en la que “algunos” puedan hacer muchas cosas a cambio de que “otros” puedan hacer muy pocas.

Así, por ejemplo, si alguien me apunta con una pistola, desde el punto de vista moral, yo puedo decidir obedecerle o no (y ser un héroe). En este sentido, mi libertad moral no tiene ningún límite: fácticamente puedo hacer incluso lo más peregrinamente improbable. Puedo levantar el puño y gritar “viva la revolución” incluso sabiendo el riesgo que corro. La libertad política consiste, sin embargo, en que esa heroicidad no sea necesaria, en que yo pueda decir lo que pienso sin necesidad de tener que pagar un precio.

La libertad política exige como poco tres condiciones:

a)    Una libertad jurídica. O dicho de otra manera: unos derechos reconocidos y garantizados legalmente. Cuáles deben ser estos derechos es ya materia de la filosofía política. Ahora bien, estos derechos no pueden ser sólo un papel escrito, sino que se deben reflejar en la realidad de la sociedad. Lo que nos lleva a la segunda condición.

b)    Una libertad fáctica o material que haga que la anterior sea algo más que una declaración de intenciones. Es decir, debo tener la tranquilidad de que expresar mi opinión no tendrá represalias ni en los tribunales ni en la calle, de que mi opinión será respetada y de que la diferencia entre opiniones sólo se mide con el patrón de la racionalidad, de la argumentación, y de ningún otro como pueda ser la casta, la raza, el género o la capacidad económica para defenderla. Y esto nos lleva a la tercera condición.

c)    La libertad fáctica exige la igualdad previa. La libertad sólo se puede dar entre pares. Así, por ejemplo, si no hay una cierta igualdad económica, mi opinión no vale lo mismo que la de alguien que posee sus propios medios de comunicación de masas, ya que no concurrimos en igualdad de oportunidades, eso hace que toda apariencia de libertad (de expresión, de pensamiento,…) sea ilusoria.

Esta breve caracterización no puede evitar, aunque debe dejar para otro lugar y momento, las muchas paradojas que, también en política, esconde el concepto aparentemente simple de libertad. Una de ellas es la de la “seguridad”. Sin seguridad no soy libre –si, por ejemplo, no puedo salir a la calle por miedo-. Pero si mi seguridad implica una vigilancia de todas mis acciones, pierdo mi independencia y mi libertad. En un país con un policía por ciudadano no habría más libertad. Este fue uno de los frentes más polémicos en la  filosofía política moderna.

Pensando en nuestro presente, por otra parte, es interesante resaltar la equivalencia entre derechos y deberes. Solemos identificar la libertad con “derechos” sin caer en la cuenta de que, en la sociedad política, cada derecho lleva aparejado un deber. Así, si pensamos por ejemplo, que la propiedad privada debe ser un derecho, estamos defendiendo el deber de respetarla. Lo mismo vale para cualquier otro.

Esto me lleva a la siguiente reflexión sobre la deriva que está tomando la acción política desde hace ya muchos años.

No hay otra manera de garantizar nuestros derechos que a través de la intervención del Estado. Si esa garantía ha de ser efectiva, el Estado debe poder intervenir en todos los ámbitos de la vida privada en los que pueda surgir un conflicto de derechos.

En sociedades rurales pequeñas no es necesaria esa exhaustiva intervención del Estado porque la misma sociedad, en la que todos se  conocen, se encarga de establecer una serie de códigos que son respetados.

En las monstruosas metrópolis de nuestro siglo no hay la más mínima garantía de que algún código moral compartido vaya a ser respetado. Y a donde no tiene poder la moral, debe llegar el poder político, entendido aquí como simple fuerza legítima. La pregunta obvia es ¿hasta dónde estamos dispuestos a permitir que penetre el Estado?